Sistema de reparto: algunos viejos habitos

Algunas cositas que deberíamos recordar:

1. El valor presente del beneficio jubilatorio siempre era inferior al valor capitalizado de los aportes para quien aportara de acuerdo con las normas previsionales generales (no así para quien se beneficiara de una moratoria). Esta diferencia entre contribución y beneficio provenía en primer lugar de las demoras administrativas en otorgar los beneficios jubilatorios (ya a mediados de la década de 1960 y hasta fines de los ’80 se contaba en retrasos de más de un año), y por lo tanto de la reducción del valor presente del beneficio. En segundo lugar, al momento de establecerse el beneficio inicial el IGR ajustaba a la baja la prestación de los mejores tres años. En tercer lugar, independientemente del nivel inicial, la prestación convergía a la prestación mínima (durante la década de 1980 más del 60% de las prestaciones se concentraban en el nivel mínimo, llegándose al extremo a fines de 1986 en que el 82% de las prestaciones estaban en el nivel mínimo). De tal modo el aporte tenía una elevada componente de impuesto.

2. Existían notorias inequidades en el sistema. Frente al régimen general, una porción de trabajadores del Estado tenía aportes inferiores y recibía beneficios superiores al régimen general. El aporte era visto, de tal modo, como un impuesto con fines redistributivos regresivos.

3. La capacidad de fiscalización del sistema era baja. Los niveles de fraude en los beneficios por invalidez eran no sólo muy elevados en el sistema nacional, sino que en los sistemas previsionales provinciales llegaban a niveles insólitos (más de 50% de la población jubilada por invalidez en algunas provincias). Se ofrecía así una alta probabilidad de engañar con éxito al sistema.

4. Una de las formas típicas de engañar al sistema fue la subdeclaración de aportes durante t-3 años, con t el número de años en que se realizaron aportes efectivos (poco más de 20 años en promedio).

5. Otra forma típica de engaño al sistema fue la posibilidad de estar totalmente fuera del mismo durante k años (siendo k < t-3), para reingresar por vía de las moratorias. De tal modo, durante el período de t-3 años en que se requerían aportes efectivos, el individuo podía subdeclarar ingresos o bien aportar una suma inferior a la determinada originalmente (a través del recurso de ingresar en algún régimen de regularización previsional, o moratoria), y declaraba correctamente durante los 3 últimos años. Por la diferencia hasta los 30 años (30-t) de servicio exigidos por la ley, el trámite resulta-ba relativamente sencillo, sin requerir probarse en forma fehaciente la realización de aportes.

6. Como resultaba notorio, el sistema dio lugar a una elevada litigiosidad dada la quita que registraban los haberes por los métodos de corrección monetaria. Una elevada proporción de los nuevos jubilados (superior al 40%) iniciaba juicio contra el Estado por movilidad (ajuste del beneficio) o por el nivel inicial del beneficio.

Sobre tales bases de incentivos, no resultó extraño que el sistema se caracterizara por un elevado y creciente nivel de evasión y fraude. Por otra parte, como las normas legales mantenían la promesa de un nivel jubilatorio que en los hechos no estaba financiado, se mantuvo una virtual situación de incumplimiento legal resistido por el sistema judicial, que a su vez se comportaba con ilusión fiscal. El cumplimiento transitorio y parcial de las normas exigió a su vez mayores recursos, que gravaron relativamente más pesadamente a las generaciones de activos que se incorporaron en las últimas dos décadas, dando lugar a una clara situación de inequidad intergeneracional.


Fuente: La reforma previsional en Argentina - El impacto macroeconómico y la organización del mercado de las AFJP - ASAP - FIEL