El 23 de noviembre del año pasado
comenté acerca de los rumores que existían sobre la creación de un nuevo organismo que regularía la oferta interna de determinados productos y la exportación. En otras palabras, algo similar a lo que fueron las Juntas de décadas atrás. El post tuvo excelentes comentarios y hasta dio origen a un
segundo post donde continuó el rico debate.
La cuestión es que el jueves pasado (9 de agosto), en la Cámara de Diputados
entró un proyecto de Ley que propone la creación del "ENTE NACIONAL DE PROMOCION Y CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO Y AGROALIMENTARIO - ENPYCCAA".
El mismo fue firmado por los legisladores del FpV: CANTERO GUTIERREZ, ALBERTO - ROSSO, GRACIELA ZULEMA - MASSEI, OSCAR y MARCO DEL PONT, MERCEDES.
En resumen, lo que hacen es recrear el ONCCA pero incrementado su influencia. Por ejemplo, uno de sus objetivos de creación es "garantizar la seguridad alimentaria y la disponibilidad y accesibilidad de alimentos a precios razonables para la población Argentina y asegurar un marco de transparencia, libre concurrencia y competencia en materia de producción,industrialización, distribución y comercialización de alimentos en el sistema agroalimentario argentino".
Para honrar el objetivo se focalizará en:
a) Promoción de las buenas prácticas comerciales de las personas físicas o jurídicas que operan en el mercado agropecuario y agroalimentario;
b) Sanción de las prácticas desleales, monopólicas, monopsónicas, oligopólicas u oligopsónicas realizadas en producción, industrialización, distribución de alimentos;
c) Seguimiento y control de las exportaciones de productos y/o subproductos agroalimentarios,
d) Aplicación de mecanismos anti-dumping para productos y/o subproductos alimenticios que pudieran dañar el aparato productivo nacional.
e) Compra, venta, almacenamiento y distribución de productos agropecuarios y alimentos por si o por terceros para estabilizar precios y garantizar la seguridad alimentaria a la población Argentina.
f) Implementación de promociones, estímulos, apoyos económicos y beneficios fiscales, para garantizar la seguridad alimentaria de la población, transparencia y competitividad en la cadena agroalimentaria y equidad en la distribución de la renta de la misma.
Luego, el proyecto señala las sanciones que contemplan desde el apercibimiento, hasta la multa, la suspensión de la inscripción, la cancelación definitiva de la misma y hasta la clausura del establecimiento. En otros casos, existirán multas de hasta 1 millón de pesos si no hay beneficios por ilícitos y de hasta 10 veces el beneficio ilícito cometido.
El texto continúa señalando sus funciones y atribuciones así como los recursos que utilizará para su funcionamiento.
El texto completo preocupa, y mucho. No es market-friendly y ya es tomado como una Junta reloaded. Ya todos sabemos lo que sucedió entonces. Esperemos que este proyecto no prospere.
Etiquetas: inseguridad jurídica, jng